Esta dificultad para acceder equitativamente a las oportunidades ha encontrado en el narcotráfico el fermento ideal del clientelismo, mediante el cual se negocia con los servicios estatales, las leyes y los cargos de administración en beneficio individual. Por otro lado, ante la ausencia de una ética ciudadana acatada por todos, la reacción de la mayoría es «sálvese quien pueda», lo que empuja aún más hacia el individualismo y diluye el sentido de nación y de lo público para dar paso a la indiferencia colectiva. Entonces el problema del consumo no importa desde la salud, el dinero perdido o el abastecimiento que se le da a una mafia, sino que se reduce, en ojos del consumidor, a la posibilidad de que «me pillen». Esto genera que las únicas preocupaciones importantes para el usuario de SPA sean encontrar zonas de tolerancia donde la ética no se impone, bien sea porque en ese espacio el Estado no puede garantizar el control (discotecas, clubes nocturnos) o porque al resto de ciudadanos les es indiferente (parques, universidades, fiestas privadas), y, en caso de que lo capture la autoridad, saber valerse de lo que Jorge Garay llama el rentismo (Garay, 1999), que consiste en lo que vulgarmente es llamado «valerse de los apellidos», de las ‘palancas’, de las influencias del poder o del dinero para obtener beneficios individuales. Un caso típico de esta situación es aquella asociada a la despenalización de la dosis personal: a pesar que sólo está aceptado el consumo en espacios privados, existe la noción generalizada de que cualquier persona puede consumir drogas en la calle, el parque, los estadios y las instituciones educativas sólo por el hecho de poseer cantidades inferiores a las reglamentadas, sin que el sentido público reivindique ningún valor. Esta situación también ha imposibilitado la masificación de campañas de promoción de la salud que en otros países son exitosas, como lo es el entrenamiento para resistir presiones de consumo: un no fumador no puede solicitar al fumador que apague un cigarrillo si es subordinado de éste, así como los adolescentes no acostumbran a rechazar licor si ello representa una desventaja personal frente a su grupo social.
Estas dos situaciones han sido unas de las causas que han obligado a reestructurar frecuentemente el Plan Nacional de Prevención de la Drogadicción, que se viene implementando desde 1985, se reguló con la Ley 30 de 1986 y que desde el 2003 se transformó en el Plan Nacional de Descentralización para la Prevención del Consumo, principalmente con el objetivo de que los departamentos y municipios asumieran el liderazgo de las estrategias, adaptándolas a las características de cada región y ciudad para que fueran más eficientes.
En un inicio, la estrategia de prevención se basó en un fuerte programa informativo, que no sólo daba detalle de los distintos tipos de psicoactivos, sino que también brindaban información sobre las circunstancias que rodean el fenómeno, por ejemplo, difusión de las características de las familias disfuncionales, estrategias contra la falta de comunicación, cómo solucionar los problemas para expresar el afecto y métodos de afrontar las dificultades en la toma de decisiones familiares. Posteriormente, esta campaña se integró a los Comités de Promoción de Familia, estrategia del ICBF diseñada para detectar tempranamente casos de niños y adolescentes vulnerables al consumo por medio de la escuela, las madres comunitarias, trabajadores sociales, psicólogos y personal médico. Una vez identificados los casos vulnerables, se educaba a la familia y se proponían alternativas de solución a sus problemas. A pesar de la eficacia de las intervenciones, esta estrategia tuvo una difusión muy limitada en cuanto dependía de la disponibilidad para contratar recurso humano calificado, sumado a que sus resultados sólo son cuantificables a mediano plazo, y que la ausencia de un marco teórico definido generó que muchas de las situaciones familiares se explicaban como si fueran originadas por patologías psiquiátricas, con lo cual se generaba una confusión entre las consecuencias y las causas.
A principios de los años noventa empezaron a surgir nuevas propuestas de prevención masiva, como lo fueron el Centro de Prevención de Drogas y la Línea Directa de la Universidad de los Andes. Esta última propuesta consistía en una línea telefónica de atención gratuita que funcionaba las 24 horas y brindaba información sobre cómo proceder ante la sospecha de que un familiar era consumidor, dónde acudir para iniciar terapias de reemplazo o cómo atender casos de emergencia por sobredosis. Adicionalmente recolectaba datos sociodemográficos y de consumo de sus usuarios, y con ello elaboró una estadística que, a pesar de ser incipientes, fue uno de los primeros indicadores sobre uso de sustancias en Colombia. Asimismo, la Policía Nacional también comenzó campañas educativas en colegios, institutos correccionales y barrios marginados, brindando información mediante charlas, entrega de cartillas y folletos (Pérez, 1994). La principal dificultad que se observa en estas campañas es la falta de medición de su efectividad (¿qué tanto les llega a los consumidores?, ¿cuántos jóvenes realmente decidieron no consumir por estas campañas?), ya que las campañas homólogas que promueven el uso de anticonceptivos no han tenido una influencia importante en los índices de transmisión de enfermedades venéreas ni en el embarazo no deseado.
Después de los últimos estudios ha sido preocupante saber que el consumo de sustancias seguía aumentando y se había establecido en los diferentes grupos sociales, sin que se viese afectado por la extinción de los grandes carteles de la droga. Igualmente, la vida nacional continúa permeada de los narcodólares y el poder sigue orbitando en muchos lugares alrededor del tráfico y los cultivos ilícitos. Ante esta ‘tormenta’ social, Bernardo González ha planteado una respuesta que para muchos puede parecer pueril: las tormentas no se pueden detener, como tampoco se pueden detener o erradicar los terremotos. «Lo que sí se puede hacer es acciones de prevención ante estos fenómenos», afirma (González, 2002). Esta es una nueva perspectiva sobre la que Luís Carlos Restrepo se refiere de la siguiente manera:
(…) hemos tenido un aprendizaje enorme a partir de la gente que participa y trabaja en la prevención de desastres. Tal vez una de las cosas más interesante de las personas que se dedican a la prevención de terremotos es que nunca dicen «voy a erradicar los terremotos», o «vamos a erradicar ese volcán»; ellos son más modestos, asumen que el volcán y el terremoto están allí, que incluso vivir en una zona volcánica tiene sus ventajas pero que [también] tiene unos riesgos y que esos riesgos hay que gestionarlos socialmente. (…) Entonces la prevención se convierte en una gestión social del riesgo para convertir la vulnerabilidad en oportunidad. Una modificación un poco más modesta y eso implica por supuesto partir del hecho de que allí está presente el problema. (DNE, 2000).
Esta nueva perspectiva refleja un aprendizaje que se ha tenido en Colombia a partir de los esfuerzos de prevenir el consumo y la producción: con el tiempo se ha visto que, antes de decir No a la Droga o satanizarla, lo que se debe hacer es disminuir las vulnerabilidades, favoreciendo la construcción de redes de afecto, trabajando en el fortalecimiento de las identidades, de los valores y las costumbres que defienden la vida, la autonomía, la dignidad y en las posibilidades de cada cual para construir su futuro (González, 2002). En salud pública, a este tipo de estrategia suele llamársele prevención inespecífica.
En Colombia, dar una mirada a este tipo de acciones significa cambiar un paradigma reactivo, basado en la represión, a uno proactivo, dando al trabajo de prevención un enfoque globalizante, más centrado en el ser humano y la sociedad, y menos en la droga. Sin embargo, no es fácil adoptar un enfoque que aspire a trabajar un espectro totalizante de la vida, intentando disminuir vulnerabilidades e incrementando y desarrollando las fortalezas. No sólo requiere de un enfoque multidisciplinario y una sostenibilidad económica adecuada (presupuestos necesarios para todos los programas diseñados para la comunidad) sino que además requiere de un modelo que actúe en el contexto de vida de las personas y sea efectivo para transformar y aprovechar los valores, las creencias, el imaginario colectivo, los comportamientos sociales, políticos y el entorno ético para sacar de la cotidianidad el gusto por lo ilícito de la vida nacional. Entonces, ¿sobre qué aspectos se debe trabajar para que esta propuesta pueda ser realmente considerada?
Ante todo, debe tener una base económica. Será esencial para cualquier proyecto, máxime cuando las ayudas económicas del primer mundo están siendo objeto de recortes para financiar la lucha contraterrorista en otros países de mayor relevancia económica. El apoyo que genera mayor impacto es la generación de alternativas económicas y laborales viables, rentables y sostenibles, sobre todo para los grupos sociales más vulnerables y aquellas personas que se encuentran dentro de la cadena de producción y distribución de las sustancias. A pesar de que hay experiencias de esta clase de proyectos, lo más difícil de lograr será que la iniciativa económica esté asociada al desarrollo de una cultura productiva de largo aliento, encaminada sobre todo al mejoramiento de la calidad del vida y al crecimiento a largo plazo, como alternativa frente al consumismo o la dinámica de pura supervivencia. En este sentido, llama la atención diferentes trabajos elaborados por el Grupo de Epidemiología de la Universidad del Valle, donde exponen cómo el concepto de pobreza ha cambiado, en tanto que el ingreso económico no es una medida universal aplicable a todos los grupos ya que el nivel depende más de la agenda de cada sociedad: los grupos marginales en cada entorno son los que por factores étnicos, religiosos y políticos tienen problemas de salud similares, así su ingreso sea superior al de otro país o región. En un informe de estudio sobre el Municipio de Santiago de Cali afirman:
Existen áreas geográficas o grupos de población, principalmente rurales y dispersos, que mantienen indicadores similares a los de hace 30 o 40 años, aunque reciben mayor ingreso. (…) Los mayores éxitos en la mejoría de los indicadores de la pobreza se han obtenido en países donde se garantiza una capacidad básica mínima de pertenencias que cada uno distribuye en una forma adecuada. Existen numerosas pruebas de que, con una renta considerada baja, países que garantizan la educación y salud han conseguido resultados en la esperanza y la calidad de vida. La acción pública es definida por las acciones del Estado y el público, en forma de colaboración u oposición. La pobreza puede definirse (…) como la privación de capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones, que son intrínsecamente importantes, a diferencia de la renta, que es instrumentalmente importante. (Pradilla, 2005).
Esto muestra cómo una mejor calidad de vida no se refiere explícitamente al mayor ingreso, el atesoramiento de bienes o el confort, como nos lo han vendido los medios de comunicación. El mejoramiento del nivel de vida se refiere a alcanzar un balance entre lo lúdico, lo afectivo, lo funcional y que busque el crecimiento de los seres humanos, el fortalecimiento de sus lazos afectivos, la ampliación de sus posibilidades económicas, el desarrollo del conocimiento y el acceso a la cultura. En suma, desde esta perspectiva de prevención, las mejoras en salud (y en la calidad de vida, que sirve como su medición), se dan cuando los individuos y sus grupos familiares son beneficiarios de políticas que mejoren la equidad, entendida ésta como la oportunidad que la población tiene de recibir servicios según sus necesidades, y donde el centro de gravedad sea el desarrollo humano y no el consumo.
El segundo aspecto donde se debe trabajar es en la ampliación del espacio público como el lugar de encuentro de todos los ciudadanos, en el que son visibles, escuchados y acatados en igualdad de condiciones, haciéndolo atractivo para que supere al espacio del secreto, del inconformismo silencioso, de la acción política acomodada y la ‘transacción’. Esto implica hacer visibles los grupos de intereses, las comunidades, jóvenes, gremios, organizaciones sociales, grupos etarios, regionales, de género y raciales que por diversas razones no han podido serlo, empoderarlos y abrirle camino a su influencia en la vida nacional. Supone crear canales de comunicación y favorecer la inclusión de todas las tendencias e intereses nacionales, no sólo en el tráfico de información de los medios masivos, sino en los espacios de deliberación democrática y de expresión cultural. Aquí existe una tarea subyacente, tal vez previa, que es transformar el ejercicio de la política para favorecer el acceso de las minorías. Crear el espacio público es buscar que las necesidades que antes se resolvían por la vía de los favores ahora se resuelvan por la vía de los derechos (González, 2002).
Sin embargo, es una situación casi idílica ya que supone crear condiciones de igualdad, porque para participar equitativamente en las discusiones es necesario un mismo nivel de educación, de acceso a la información, de oportunidades económicas y políticas. Sólo dentro de esas condiciones las personas podrían ser capaces de buscar el bienestar personal y familiar sin perder de vista el bien común. Un ejemplo de esto se puede recoger desde la experiencia educativa: aquellos jóvenes que tienen la oportunidad durante su formación básica de participar en actividades extracurriculares de la vida escolar (deporte, arte, política y ciencia) tienen mayor probabilidad, en la vida adulta, de ocupar su tiempo libre en actividades constructivas y que no impliquen una situación social disfuncional (Martínez, 2004). Por el contrario, si se continúa proyectando una imagen de ‘juventud obsoleta’ donde la sociedad sólo los necesita para que comiencen a producir el sustento, sin que ni siquiera puedan decidir cómo, y con la certeza de que nada de lo que piensen va a cambiar su entorno, hace que ellos continúen buscando las satisfacciones emocionales y experiencias vitales que necesitan en conductas destructivas (como en el consumo de SPA), a falta de una mejor dirección que los atraiga; hay que hacer de la vida un bien deseable, entretenido, donde yo como persona pueda desarrollar mi autonomía, un real y consciente ‘libre desarrollo de la personalidad’, al tiempo que retroalimento positivamente al bien común de la sociedad.
Otro presupuesto que se necesita para aproximarse a este ideal es generar cambios en la forma como actúa el Estado y, en consecuencia, la percepción que los ciudadanos tienen de él. Reducir la corrupción y el clientelismo contribuye a fortalecer una acción estatal basada en derechos y no en favores, además de ayudar a mejorar la imagen y el respeto que los ciudadanos tienen del sistema. En este punto es clave el concepto y los valores que los colombianos asocien a la ley y la administración de justicia: un acatamiento de las normas con convicción y un incremento de los medios en que es legítima, junto a su mayor conocimiento, es una forma de fortalecer el entorno ciudadano, porque ayuda a visualizar los favores de una sociedad moderna y democrática.
Un último aspecto sería la producción y difusión del conocimiento, como elemento efectivo para el empoderamiento y el reconocimiento social. En este sentido, debe haber mayor desarrollo de la investigación relativa al narcotráfico y el consumo de psicoactivos por parte de múltiples grupos sociales y niveles educativos, una investigación donde participen los niños, jóvenes y personas de las comunidades, no sólo expertos con doctorado, y adelantadas no por las entidades que las pueden pagar, sino por aquellas que estén más cercanas a la problemática. También conviene una divulgación amplia de la información resultante, abriendo espacio a las diferentes interpretaciones sobre los fenómenos asociados y las posibles salidas a ellos. Sólo podremos incrementar las probabilidades de lograr una reducción efectiva en la medida en que se busquen y ensayen más soluciones.
Sin duda, este es un panorama demasiado ambicioso, que va más allá del proyecto político para cuatro años, la acción local independiente, la campaña de salud o el operativo policial. Para la DNE, «es un trabajo de construcción social y cultural que debe realizarse de manera integral, coherente y sostenida, en la perspectiva de erradicar el narcotráfico de la vida nacional» (González, 2002). Sin embargo, personalmente considero que es un trabajo que no se debe realizar con la perspectiva de ‘erradicar’ al narcotráfico: no se puede acabar de facto con un abuso de sustancias y un negocio ligados íntimamente a una cultura de consumo como lo es la occidental. Adelantar esta clase de procesos nos permitirá, como nación, pensar, desarrollar y hacer comunes grandes propósitos en los que se puedan involucrar a todos los ciudadanos. Es una oportunidad de afrontar el reto de la prevención, el cual consiste en ir más allá de los espacios políticos y académicos para generar movilizaciones en torno a un objetivo claro, en este caso, no sólo el de desligar a la sociedad del fenómeno del tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, sino también el de construir nación, reconstruir aquel espacio social y cultural de las comunidades para lograr la consecución de ese bien común que representa lo público.
Queda como punto pendiente reflexionar sobre la legalización de la producción de SPA ilegales y cuál sería su impacto real si se aplicara en este momento. Sin embargo, este tema es suficiente para hacer sobre él un ensayo totalmente nuevo. A pesar de esto, podemos adelantar una conclusión previsible (o mejor dicho, vislumbrable): la legalización, así como la prohibición, no son una cura milagrosa que van a resolver los problemas sociales por arte de magia. Ambas tienen inconvenientes y ventajas, quizá más de lo primero que lo segundo, y a la hora de pensar qué medidas permisivas se adoptan y cuáles de las prohibitivas se dejan, la reflexión siempre debe ir encaminada a conocer cuáles son los asuntos que encontrarían solución y cuáles serían los nuevos problemas que habría que afrontar; resultaría incoherente que hiciéramos propaganda para tomar partido por una decisión que para resolver una situación necesite crear nuevos problemas, quizás peores. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Sin embargo, esta no es una visión fatalista y catastrófica, sino todo lo contrario, se convierte en una confianza en la capacidad del hombre para volver sobre sus pasos y aprender. Edgar Morin afirma que el conocimiento y pensamiento tienen una limitación que es, paradójicamente, la que les permite proseguir, reproblematizar con una visión dialéctica y así, abriendo brechas a lo desconocido -lo imposible de solucionar-, es que logramos el reconocimiento y enfrentamos al misterio (Pavez, 2001). Cuando el ser humano descubre los límites de su conocimiento y su pensamiento, ambos progresan, porque a pesar de que pierde en certidumbre, desde las contradicciones se gana en complejidad para asumir la realidad en que se vive. Impertinente.
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